El envejecimiento, las enfermedades neurodegenerativas o una discapacidad pueden afectar la capacidad de una persona para tomar decisiones o gestionar sus asuntos de forma autónoma. Durante décadas, el derecho español resolvía estas situaciones mediante la incapacitación judicial o la tutela, figuras que limitaban total o parcialmente la capacidad de obrar del afectado.Sin embargo, desde 2021, España...